- El lunes 2 mayo de 2016 organizaciones sociales de Chiloé decidieron tomarse las carreteras, bloquear el tránsito marítimo entre el continente y la isla y paralizar las actividades productivas. La razón: un rechazo generalizado a la mala forma de actuar de la industria salmonera.
- Ahora el sistema judicial intenta dejar sin responsabilidades a las instituciones que deberían dar respuesta a estos hechos de grave contaminación ambiental y sanitaria.
Chiloé, 19 de mayo de 2021 (radiodelmar.cl)– El Ministerio Público está solicitando el sobreseimiento de las querellas presentadas contra el Estado y empresas salmoneras por el vertimiento de salmones muertos en las aguas marinas de Chiloé el año 2016. La Fiscalía propuso a los tribunales sobreseer la investigación que se desarrolla por el permiso que la Dirección de Territorio Marítimo y Martina Mercante (Directemar), entregó para que se tirarán al mar 9.000 toneladas de peces en descomposición provenientes de los centros de cultivo de salmones en la región de Los Lagos.
La Directemar es un órgano manejado por la Armada chilena y el jefe de esa oficina en Chiloé en 2016, cuando se produjeron estos episodios de contaminación era el ahora vicealmirante en retito, Osvaldo Schwarzemberg Ashton.
La abogada Orieta Llauca, que representa a las organizaciones afectadas de pescadores artesanales y comunidades Mapuches de Calbuco y Chiloé, calificó esta situación como grave, dado que el Ministerio Público intenta dejar sin responsabilidades civiles y políticas a los funcionarios públicos por el grave daño ambiental y económico generado.
Llauca dijo a radio Sago que “la situación es aún más compleja, por cuanto la fiscalía va a declarar que no va a perseverar acerca del delito de daño ambiental, con lo que la parte querellante queda sin márgen de acción”. La abogada solicitó a la ciudadanía regional a mantenerse en estado alerta sobre esta causa.
El ex Director de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile (Directemar), Osvaldo Schwarzemberg Ashton está indicado como presunto autor del delito de prevaricación administrativa en el marco de la investigación por la crisis sanitaria que afectó a Puerto Montt y Chiloé en Mayo del 2016.
A Schwarzemberg se le imputaría el haber autorizado a la patronal SalmónChile A.G. a vertir 9.000 toneladas salmones en descomposición, a la altura del faro Corona, Océano Pacífico, frente a la isla de Chiloé. Esta acción fue respaldada por la resolución N°114 de la Directemar, la cual habría sido arbitrariamente autorizada por Schwarzemberg en el ejercicio de sus atribuciones, argumentando que “el desecho de pescado es orgánico, sus propiedades físicas, químicas y biológicas, no afectan a los ecosistemas acuáticos (sic)”.
