Se debe tener presente que las aguas marinas costeras por lo general contienen grandes cantidades de microorganismo marinos (fitoplancton, zooplancton) de gran relevancia en los flujos energéticos en los ecosistemas marinos costeros, especialmente huevos y estados larvarios. Por ello, la succión de grandes volúmenes de agua por las plantas desaladoras como lo requiere la minería, produciría graves daños ambientales en la estructura y función de estos ecosistema.
Dr. Eduardo Tarifeño Silva
Biólogo Marino, Ph.D.
Ex-Presidente Sociedad Chilena de Ciencias del Mar
Concepción, 12 de julio de 2021.
La opinión pública ha sido alertada recientemente a través de los medios de prensa de la decisión de un grupo de empresas denominada Asociación Chilena de Desalinización (Acades), quienes operan mediante plantas desaladoras de agua de mar, las que “crearon una asociación que busca que se reconozca el uso del agua de mar como un servicio público, como ocurre con la energía y las sanitarias, junto con mayores incentivos del Estado”.
Acades está integrada por las empresas Acciona, AES Chile, Aguas de Antofagasta, Aguas Nuevas, Almar Water Solutions, Barros & Errázuriz, Black and Veatch, IDE Chile, IDOM, GS Inima, Oceanus y Suez, unidas a empresas sanitarias que descargan grandes volúmenes de efluentes de origen doméstico en diferentes puntos de la costa chilenas, junto con empresas mineras y otras tecnológicas.
Si bien es válido que este tipo de empresas busquen opciones para aumentar la rentabilidad de sus procesos productivos, es altamente preocupantes que continúen mirando a los océanos como fuentes infinitas de sus ganancias sin considerar los impactos ambientales que dichos usos producen.
Es incomprensible además, que después de la explotación excesiva de muchos de los recursos pesqueros, uso intensivo del mar como receptor de efluentes domésticos con altas cargas de microorganismos fecales y disruptores hormonales, los que afectan la salud de los organismos marinos y poblaciones humanas costeras, junto a efluentes industriales que contienen diversos contaminantes inorgánicos, se propone aumentar las descargas de efluentes y capacidad de desalar agua de mar.
A ello se une el uso intensivo de la columna de agua como soporte para pisciculturas, las cuales eutrofizan el medio marino por aportes de excreción de peces y el depósito de pellets de alimentos en el fondo marino, produciendo condiciones de anoxia en los sedimentos bajo las jaulas de cultivo.
Acades está pensando aunar esfuerzos, seguramente para ejercer presiones vía el conocido lobby político, de manera de disponer sin trabas del agua de mar propiamente tal para sus procesos productivos sin una adecuada legislación ambiental, la que desgraciadamente es aún muy débil y permisiva.
Pero además, pretenden contar con subsidios estatales para rebajar sus costos de implementación y producción. Es decir, no sólo quieren que todos los chilenos asumamos los costos ambientales que éstos usos del mar involucran, pero también esperan que les financiemos sus proyectos empresariales que gestionan y publicitan como “sustentables”, para ponerse a tono con este concepto tan mal entendido.
En la costa chilena operan 14 plantas desaladoras de agua de mar, con un potencial de producción nacional de 10.000 litros por segundo, lo que equivalen a 864 mil m3 por día. De éstos, el 75% se destinan al abastecimiento de las industrias mineras, dado que las capas de aguas freáticas que bajaban agua desde los contrafuertes cordilleranos fueron agotados, dejando sin agua no sólo a las industrias, sino que también sin agua potable a muchos pequeños poblados de culturas andinas, las que por miles de años han basado sus economía de subsistencia familiar en la siembra y cosecha de pequeñas huertas en armoniosos ciclos con la naturaleza.
A lo anterior se suma el agotamiento crítico de los pozos profundos para abastecer a varios complejos urbanos costeros en el norte de Chile. Tal vez para el objetivo de producir agua potable para el consumo humano directo, las plantas desaladoras podrían tener una “rentabilidad social” aceptable, pero difícilmente esto sería aceptable para su uso industrial.
La desalinización de agua de mar con objetivos industriales mineros requiere de millones de metros cúbicos de agua de mar, succionados desde los ecosistemas costeros, considerando que los sistemas más efectivos producirían aproximadamente un 30% de agua por volumen de agua de mar procesado en las plantas desaladoras. Pero, es una tecnología con un alto costo de consumo de electricidad.
Las tecnologías principales para la desalación de aguas se agrupan en dos tipos: la destilación térmica y la osmosis inversa, siendo ésta última la más utilizada en Chile, debido a su eficiencia energética en comparación con la destilación.
En términos comparativos, una persona debe consumir alrededor de 2 litros de agua al día para satisfacer sus requerimientos fisiológicos. Esto significa aproximadamente 2.000 m3 por día para una ciudad de 1 millón de habitantes. Además, habría que considerar un consumo extra por requerimientos sanitarios (baño), y el procesamiento de alimentos (cocina).
En cambio, un proceso industrial minero requiere de un volumen mucho mayor, que podría llegar cercano a los 120 mil m3 diarios. Por lo tanto, el uso minero industrial de agua de mar al no tener la “rentabilidad social”, es difícilmente “sustentable” en el real sentido de este concepto.
Actualmente, existe un proyecto sobre el uso del agua de mar para desanilización (Boletín N° 11.608-09), aprobado en particular por el Senado en agosto de 2019. Este considera que las aguas resultantes del proceso de desalinización son consideradas como bienes nacionales de uso público, y su evaluación ambiental corresponde sólo en el caso que abastezcan una población mayor a 10 mil personas.
Se debe tener presente que las aguas marinas costeras por lo general contienen grandes cantidades de microorganismo marinos (fitoplancton, zooplancton) de gran relevancia en los flujos energéticos en los ecosistemas marinos costeros, especialmente huevos y estados larvarios. Por ello, la succión de grandes volúmenes de agua por las plantas desaladoras como lo requiere la minería, produciría graves daños ambientales en la estructura y función de estos ecosistema.
Además, se produce un retorno de grandes volúmenes de salmuera (agua de mar altamente concentradas)los que aumentarán la salinidad en los puntos de descargas, especialmente sobre los fondos marinos al tener una alta densidad. Estas concentraciones de sales están muy por encima de lo niveles críticos de resistencia de los organismos que habitan estos ambientes.
En cuanto a la descargas de efluentes de origen domésticos (aguas servidas) y de tipo industriales (papeleras, mineras, termoeléctricas), en Chile están funcionando 32 emisarios submarinos. Por ello es considerado como un ejemplo en usos del mar como receptor pasivo de estos desechos con fines de crecimiento económico y calidad de vida de las poblaciones costeras.
La ingeniería sanitaria ha logrado notables avances tecnológicos en las últimas décadas desde el punto de vista de reducir los costos de producción, pero también debería priorizar buscar disminuir ojalá a nivel cero los impactos ambientales que estas descargas producen.
Estas tecnologías continúan asumiendo erróneamente que el mar tiene una capacidad infinita de absorber, mitigar o neutralizar los contaminantes presentes en las descargas, por el desconocimiento que los ecosistemas marinos son una compleja red de interacciones entre organismos y flujos de energías, en la cual cada eslabón es tan importante como los otros.
Por ello es que la protección de la integridad estructural y funcional de los ecosistemas marinos y su biodiversidad es un deber que el Estado, y que los ciudadanos tienen que asumir a plena cabalidad.
Llama la atención que esta asociación de empresas que pretenden tener acceso al mar como “bien de servicio público”, y por lo tanto recibir el apoyo administrativo y financiero del Estado con el objetivo de aumentar sus procesos productivos y maximizar sus rentabilidades, se establece en momentos que Chile pasa por una etapa crítica en su historia política, como es la puesta en funciones de la Convención Constitucional que debe proponer una nueva carta magna que represente el sentir de todos los chilenos respecto al tipo de sociedad a la cual se espera que el país evolucione en las próximas décadas.
Dentro de estas aspiraciones, surge con fuerza el sentimiento mayoritario que la Naturaleza debe tener la categoría de “sujeto de derecho” de la misma manera que se le asigna a las personas.
Esta situación será un cambio paradigmático en la relación Hombre-Naturaleza, que hasta la fecha es de tipo “antropocéntrico”, introducido desde la colonización. Es decir, mirando todo desde el punto de vista del beneficio del ser humano, pero sin considerar los derechos de los ecosistemas de ser protegidos y conservados para seguir proporcionando los numerosos servicios ecosistémicos que entregan para el bienestar humano.
Este último enfoque “ecocentrista” está incluido en la Constitución del Ecuador, la cual en su reforma del 2008 incorporó los “derechos de la Pachamama” (la Madre Tierra), siguiendo la ancestral concepción y visión cosmológicas de los pueblos originarios andinos que el Hombre forma parte de la Naturaleza, y por lo tanto le debe respeto y veneración. Del mismo modo, esta visión ecocentrista está incorporada en la Constitución Boliviana y posiblemente lo sea pronto en la legislación mexicana.
En Chile, la Ley 19.253, reconoce como pueblos originarios a las culturas y comunidades Aymara, Atacameñas, Quechuas, Collas, Diaguita, Chango, Rapa Nui, Mapuche /Lafkenches, Mapuche / Williche, Chonos, Kawésqar y Yagán. Todos estos pueblos ancestrales poseen cosmovisiones y prácticas de vida que integran sus sociedades con la Naturaleza, opción que la actual sociedad chilena debe comprender y entender para reconstruir una armoniosa y respetuosa relación con la Naturaleza.
