Su destacada labor en defensa del derecho a la vivienda y de los derechos fundamentales de las personas migrantes en el norte del país le valieron el reconocimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Antofagasta, 25 e julio de 2022. (INDH)– Ante más de un centenar de personas que se reunieron en el Teatro Municipal de Antofagasta, la educadora de párvulos peruana Elizabeth Andrade Huaringa recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2022 de manos de la directora (s) del INDH, Consuelo Contreras, por su trabajo defendiendo el derecho a la vivienda y los derechos fundamentales de las personas migrantes en el norte de Chile.
En sus palabras de agradecimiento por el galardón, Elizabeth Andrade realizó primero un homenaje a sus compañeras fallecidas: Roxana Guerrero, Milena Grisales y María Medina. «Estarían muy felices si estuvieran acá», expresó. «Este premio es un reconocimiento al trabajo colectivo. Es un reconocimiento a la lucha popular, por la que cada una de ustedes en las calles, con cada uno de sus compañeros, ha salido para mostrar la desigualdad que se vive día a día a nivel del mundo y que ahora el Instituto reconoce, que somos trabajadores y luchadores por esos derechos que nos han sido negados», añadió.
«Vivir en campamentos no es fácil, pero la lucha que se da por construir una vivienda adecuada es un derecho que cada uno de nosotros sabemos y tenemos presente cada día», indicó. «Durante un año y cuatro meses mis vecinas de Los Arenales levantaron las ollas comunes. Llegamos a cocinar 280 mil raciones de comida (…) Junto a más de 140 vecinos se realizaron 775 raciones diarias de comida (durante la pandemia). Ellos son y los reconozco, a cada uno de ellos», señaló.
Elizabeth Andrade también mostró un artefacto que le entregaron cuando se enfrentó a un «peligro inminente como mujer violentada. Me obligaron —y no acepté— a irme a un refugio, a una casa de cuidado, para que no nos pase nada. Ojalá esto cambie. Ojalá que los derechos de la mujer no sean más violentados. Ojalá que todas las instituciones que trabajan a través del enfoque de género sepan que nosotros no tenemos por qué encarcelarnos ni por qué ser cuidadas, sino que se tenga que aquellos que nos atacan enfrenten la justica».
Esta es la primera oportunidad en que el premio se otorga a alguien que vive en una región distinta de la Metropolitana, instaurando un precedente en cuanto al reconocimiento a defensoras/es de los derechos humanos.
Trayectoria para el reconocimiento
Nacida en Perú y residente en Chile desde 1995, la educadora de párvulos estudia en la actualidad para ser técnico en trabajo social. Destaca por su trabajo como dirigenta, educadora, activista y defensora incansable de los derechos humanos de las personas migrantes, en todas sus dimensiones y a partir de su experiencia. Así lo demuestran innumerables proyectos, ideas y aportes para dignificar la vida de cientos de familias.
Tras ser víctima de violencia de género, se asentó en el campamento «Nuevo Amanecer Latino», en Antofagasta. Desde ahí comenzó un trabajo dedicado y sistemático de asesoría a pobladores y pobladoras en temas habitacionales. Creó la agrupación «Rompiendo Barreras», que hoy es una Corporación que aglutina a ocho comités del macrocampamento «Los Arenales» para la interlocución con el Estado.
Uno de sus primeros proyectos fue el Jardín Comunitario Los Arenales, un espacio autogestionado de mujeres sin trabajo; una iniciativa para el acceso al trabajo y la superación de la violencia de género. Debido a la visita a «Los Arenales» de la Relatora Especial del Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, Leilani Farha (2017), el FOSIS se acercó y apoyó la Cooperativa Intercultural de Trabajo (CINTRA), otro frente de trabajo comunitario, asociado al Movimiento de Pobladora/es Vivienda Digna (MPVD).
En 2018, la agrupación «Rompiendo Barreras» obtuvo apoyo del programa «Conoce tu Ciudad», perteneciente a la red Slum Dwellers International (SDI), para la realización de estudios topográficos y mapeos. Así la comunidad formuló un plan maestro para la radicación del macrocampamento «Los Arenales», donde hoy residen unas 2.200 familias. Ella también impulsó la electrificación a través de un convenio con la Compañía General de Electricidad (CGE); el acceso al agua potable, en gestiones con el Gobierno Regional; y un estudio de mecánica de suelo, en convenio con la Fundación de Superación de la Pobreza.
Elizabeth Andrade fue cofundadora de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes de Chile, para la defensa del derecho humano a migrar, promoviendo la inclusión y brindando orientación a miles de personas en sus trámites migratorios y de acceso a los derechos a la salud y a la educación. También incidió en la tramitación de la nueva Ley de Migración y Extranjería.
Intervención de Consuelo Contreras
En tanto, la directora (s) del INDH, Consuelo Contreras, dijo en la ceremonia que «el consejo del INDH quiso reconocer la lucha de Elizabeth, que desde el campamento Nuevo Amanecer Latino de Antofagasta ha logrado articular una red de trabajo en favor de los derechos de las personas migrantes, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile, en el acceso al derecho a la vivienda digna y en el trabajo por una vida libre de violencia».
Contreras dijo a continuación que «resulta urgente contar con una regulación y una institucionalidad especializada, que proteja a las personas migrantes frente a múltiples formas de discriminación y vulneraciones a sus derechos. Aun cuando hay avances en esta materia, falta un largo camino por recorrer, y es la total adecuación de las leyes y políticas a los estándares de derechos humanos. El enfoque utilizado actualmente para enfrentar el rápido crecimiento del flujo migratorio en Chile se basa más bien en el control de fronteras y la seguridad pública que en la protección de quienes ingresan al país».
Enseguida añadió que «la igualdad de género está lejos de alcanzarse. Como constató el INDH en el último informe anual, la pandemia ha exacerbado la brecha de género y ha significado un grave retroceso en términos de derechos de las mujeres. Preocupan los crímenes de odio contra las mujeres lesbianas y transexuales, así como el aumento de los índices de violencia doméstica y femicidios, lo que debe generar alarma e intervenciones estatales urgentes para asegurar la efectiva protección de víctimas».
La directora (s) indicó además que «en el modelo subsidiario actual, la vivienda no se considera como un derecho, sino como una mercancía cuya calidad depende de los recursos financieros involucrados. Ello se vincula a la definición de vivienda que subsidia el Estado, de bajo costo, con mínimo estándar material y que se emplaza en un suelo posible de pagar, lo que no guarda relación con la conceptualización de Naciones Unidas y los atributos de la vivienda adecuada».
Premio Nacional de DDHH
En su misión de promover la plena vigencia de los derechos humanos de las personas en Chile, al INDH le corresponde entregar —cada dos años— el Premio Nacional de Derechos Humanos a quien/quienes se hayan destacado en la promoción de una memoria histórica sana y en la protección y defensa de los derechos humanos de los habitantes del territorio de Chile.
En sus versiones anteriores fueron galardonados Viviana Diaz (2011), por su incansable defensa de los derechos fundamentales durante la dictadura; María Soledad Cisternas (2014), por su férrea labor en pro de los derechos de las personas con discapacidad; el sacerdote jesuita José Aldunate (2016), por su importante trabajo en la protección y denuncia no violenta de las violaciones a los derechos fundamentales durante la dictadura; la abogada Fabiola Letelier (2018) por su apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura y su persistencia en la búsqueda de justicia por el asesinato de su hermano, Orlando Letelier; y el abogado Roberto Garretón (2020), por su incansable búsqueda de verdad y la justicia, que comenzó en el Comité de Cooperación para la Paz y luego prosiguió en la Vicaría de la Solidaridad.
A la versión 2022 del Premio Nacional de Derechos Humanos fueron postulados trece defensores y defensoras de los derechos fundamentales.
