Es el 10 de enero de 2013.
Carlos Eugenio Lavín, el controlador del grupo Penta, dueños de la isapre Banmédica, le envió una carta al diputado y presidente de la UDI, Ernesto Silva.
El Choclo Lavín se muestra preocupado por «el artículo de ley 198 que define lo que es el IPC de la Salud», del proyecto de Ley de Isapres, que se discute en el parlamento. Es un tema, escribe Lavín escuetamente, de «la máxima gravedad» y dice que lo contactó para «ver si se nos ocurre algo».
El diputado de la UDI, Ernesto Silva, era, de ese modo, digitado por su pariente y financista de la UDI, Carlos Eugenio Lavín, patrón de la isapre Banmédica, para establecer la intriga que les favoreciera a las finanzas.
Sergio Aguiló, diputado de la Izquierda Ciudadana, el día anterior, el 9 de enero, pronunció en el hemiciclo de la cámara, a nombre de la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana, un discurso vibrante, claro y contundente, para oponerse a la intriga de la UDI y a la legalización de la usura en la salud.
“ Votaremos en contra porque “es una de las peores iniciativas que hemos conocido en materia de salud.”
“Este es un proyecto hecho a la medida de las isapres y de la industria que ha mostrado los más altos niveles de rentabilidad.”
“No estamos disponibles para seguir entregando estos niveles vergonzosos de rentabilidad a una industria que ha usurpado y abusado de la salud de todos los chilenos.”
LEE EL DISCURSO COMPLETO
ESTE ES UN PROYECTO HECHO A LA MEDIDA DE LAS ISAPRES
DIPUTADO SERGIO AGUILÓ,
IZQUIERDA CIUDADANA
Señor Presidente,
los diputados de la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana votaremos en contra de la idea de legislar de este proyecto, porque en verdad es una de las peores iniciativas que hemos conocido en materia de salud.
Su único propósito es resolver los problemas con que las isapres se han encontrado en el último tiempo, en virtud de la acción de dos instituciones muy importantes del Estado. En primer lugar, del Tribunal Constitucional, que consideró contrario a la Carta Fundamental que hubiera una discriminación arbitraria en los planes y precios de salud respecto de las mujeres y de los adultos mayores. Ha debido ser no el Congreso Nacional, sino el Tribunal Constitucional el que salga a defender a los usuarios, particularmente a quienes han vivido la mala experiencia de la discriminación porrazones de género o etarias.
La otra institución que ha salido en defensa de los usuarios es la Corte Suprema, la cual ha dicho que las instituciones privadas de salud han realizado alzas arbitrarias en los precios de los planes de salud. Por razones estrictamente arbitrarias y sin explicar la causa, la razón o el efecto de aquello, han ido generando alzas en los precios de manera completamente unilateral, no obstante encontrarnos frente a contratos cuyas modificaciones, a lo menos, debieron haber sido firmadas por ambas partes.
¿Cuál es la situación?
Nos hallamos ante una industria que tiene la mayor tasa de rentabilidad o de utilidades respecto de la inversión en el país, más que la banca o que cualquiera otra industria, y que, más encima, lucra con la salud. Incluso, hoy se queja de que el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema no le permiten mantener o subir esa tasa de rentabilidad, sea por el expediente de discriminar a las mujeres en edad fértil o a los adultos mayores o por seguir aumentando indiscriminadamente los precios de los planes de salud.
¿Qué ha hecho el Ministerio de Salud al respecto? En vez de apoyar las disposiciones de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional y en vez de decir al país que tanto el Ejecutivo como el Congreso Nacional irán en ayuda de las personas, porque efectivamente lo que aquí tenemos es una discriminación arbitraria y odiosa en contra de los usuarios, el ministerio nos entrega un instrumento legal para ir en auxilio de las isapres; es decir, de aquellos que están rentabilizando con la salud de los chilenos. Incluso, el señor ministro nos explica que, por ejemplo, el IPC de la salud sería un gran instrumento para objetivizar las alzas en el sector. Por intermedio del señor Presidente, me gustaría preguntar al ministro si se está refiriendo a los medicamentos que se cobran en las clínicas privadas, que son un 500 por ciento más caros que los que se venden en las farmacias. ¿Se está refiriendo al precio del día cama que cobran las clínicas privadas, integradas verticalmente con las isapres, que cobran entre cinco y siete veces más que los hospitales? ¿Se está refiriendo a las remuneraciones de los especialistas y ultraespecialistas o al precio de los exámenes médicos que se realizan en las clínicas privadas, que suben arbitrariamente? ¿Alguien puede argumentar, como lo hizo el ministro aquí, que hay algún grado de objetividad en el famoso indicador de precios privados de la salud, puesto que los mismos que construirán el IPC de la salud irán aumentando arbitrariamente los precios de cada uno de los insumos y de los factores que incluirá ese indicador? Esto es la demencia. Discúlpenme que lo diga de esta forma, pero es irritante.
Esto es un absurdo.
Como economista de la Universidad de Chile, que ha cursado dos postítulos en economía de la salud, no puedo creer que una persona que ha administrado una clínica privada y que sabe cómo suben los precios, que sabe cuánto cuestan los medicamentos, cómo cobran los insumos y cómo se costean los días cama en dichos centros, me venga a decir que esos son factores objetivos que estarán considerados en el IPC de la salud, para que posteriormente las isapres los incorporen como seguro. Eso es exactamente lo que la Corte Suprema está pidiendo que no hagamos, porque efectivamente las cosas y los alimentos han aumentado de precio en Chile.
¿Alguien sabe cuál fue el IPC el año pasado en nuestro país?
Fue de 1,5 por ciento.
¿Alguien me puede dar una sola razón económica que justifique que el precio de los medicamentos podría subir en promedio más de un 1,5 por ciento?
¿Por qué podría subir el valor del día cama más que ese porcentaje? ¿Acaso está aumentando el precio de las camas? ¿Por qué podría subir más de un 1,5 por ciento el valor de una enfermera o de los turnos? ¿Alguien ve que las remuneraciones en el sector público de la salud se están incrementando en más de un 1,5 por ciento?
¿Alguien advierte que los precios de los medicamentos en la Cenabast están subiendo más que ese porcentaje?
¿Cómo no va a ser absurdo, al límite de lo irracional, que el propio sector privado construya su IPC de salud, nosotros lo consagremos en una ley, le ratifiquemos en esa ley que ellos van a poder seguir subiendo todo lo que quieran los valores de los días cama, de los medicamentos, etcétera, con lo cual aumentarán su rentabilidad, y tres meses después de que aprobemos este proyecto el ministro nos comunique que las isapres, en el balance anual, nuevamente son el sector de la economía con mayor rentabilidad.
Le pregunto a mi colega Matías Walker, que mira con mucha atención, o a mi colega René Saffirio, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando de nuevo los pacientes vengan a decirnos: “Diputado, usted aprobó una ley en la que se estableció un IPC de salud, que llegó a ser de 12 por ciento, en circunstancias de que el promedio del IPC en Chile es de 1 por ciento”?
¿A propósito de qué vamos a formalizar en una ley una usura de esa naturaleza?
Lo que debiésemos exigir es que los precios en salud suban igual que en el resto de la economía. ¿Por qué el señor ministro no exige que en las clínicas privadas se cobren los medicamentos al mismo valor que en la farmacia de la esquina?
¿Por qué un Diazepam o un antibiótico que se aplica en la clínica cuestan diez veces más que en la farmacia de la esquina?
¿Cuál es la razón económica, salvo que se quiera seguir haciendo usura?
Por supuesto, cuando un paciente ingresa a una clínica pasa a ser un paciente cautivo, y el prestador es monopólico. Antes, cuando se padecía una enfermedad que requería una intervención electiva, de aquellas que uno puede planificar –no todas pueden ser planificadas-, uno podía ir a una clínica o a otra; pero cuando ya estaba en una clínica siendo intervenido, quedaba completamente cautivo. Allí, el paciente recibía los medicamentos y demás atenciones.
Pero cuando empezaba a recuperarse y recibía la cuenta y los valores, por ejemplo, de los días cama, se encontraba con una cuenta insólita. Es precisamente esa cuenta la que el señor ministro quiere que nosotros formalicemos en un IPC de la salud.
Si esto no fuera tan irritante, si no tuviésemos un sistema de salud tan contrario a los principios éticos y morales, ya no digo de una determinada ideología, sino del sentido común más elemental, podríamos conversar el tema con un poco menos de pasión, pero la verdad es que es muy irritante
Fíjense que el proyecto propone un plan garantizado de salud. ¿Y si alguien se enferma de algo que no está considerado en ese plan garantizado? ¿Y si tiene una patología preexistente? Ahí sí que no hay ninguna de las garantías que se establecen. Sin embargo, uno estará obligado a tener un plan garantizado y seguros complementarios, como dice el proyecto de ley. Se podrán tener los seguros complementarios que se quiera.
Señor Presidente, este es un proyecto hecho a la medida de las isapres y de la industria que ha mostrado los más altos niveles de rentabilidad. Por ello, la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana no están disponibles con sus votos para seguir entregando estos niveles vergonzosos de rentabilidad a una industria que ha usurpado y abusado de la salud de todos los chilenos.
He dicho.
DIPUTADO SERGIO AGUILÓ
