Organizaciones, partidos políticos y personas de la Unión Europea y Chile suscribieron una declaración conjunta promovida por Chile Mejor sin TLC, rechazando el secreto Acuerdo de Modernización Chile/Unión Europea, anunciado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Entre más de 500 firmas de adhesión recabadas virtualmente en 6 días, destacamos las de Jean Luc Mélenchon ex candidato presidencial y líder de la izquierda francesa, dirigente de la France Insoumise; del vicepresidente del Senado de Francia, Pierre Laurent y los eurodiputados Ana Miranda (Bloque Nacional Galego –Grupo Verdes-ALE ), Miguel Urban (Anticapitalistas, The Left, Parlamento Europeo), y Manu Pineda (Partido Comunista de España). En Chile, las diputadas Marisela Santibáñez, Ana María Gazmuri, Camila Musante, Viviana Delgado y Hernán Palma, junto al Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue suscribieron la declaración. Asimismo lo hicieron el Movimiento Socialismo Allendista y el Partido Igualdad. Académicos como José Gabriel Palma, Alberto Arroyo y Luciana Ghiotto también adhirieron a esta denuncia sobre el carácter neocolonial del Acuerdo, tal como hizo en Francia el senador y director del periódico L´Humanité Fabien Gay.
Borrell levanta paradigma colonizador
Nuestro llamado es a frenar y rechazar la llamada Modernización del Tratado de la Unión Europea con Chile, una expresión de neocolonialismo funcional a la electromovilidad de la UE y a los negocios de sus corporaciones transnacionales. Joseph Borrell, a nombre de la Comisión Europea, reivindicó recientemente ante parlamentarios europeos y latinoamericanos, el paradigma de los «descubridores y conquistadores». Ello es ilustrativo, porque por cada kilo de hidrógeno «verde» se usan 10 litros de agua dulce desmineralizados y energía a gran escala, proveniente de la reconversión de territorios agrícolas, en sitios para proyectos fotovoltaicos o éólicos, requeridos para esa exportación de combustible «renovables». Este acuerdo implica que Chile deberá pagar los costos ambientales, sociales y climáticos requeridos para la transición europea, y para perpetuar en esos países, el uso del automóvil en vez de priorizar el transporte público.
Entre las 91 organizaciones que firmaron a lo largo de Chile nuestro llamado, están No Más AFP, la Fundación Sol, organizaciones socioambientales, ANAMURI, MAT, Alianza Basura Cero, OLCA, colectivos ecológicos comunales, Fundación Constituyente XXI; Red de Acción en Plaguicidas Chile; la Coordinadora Feminista de Peñalolén, Artistas pro Ecología; y colectivos por la soberanía alimentaria, de derechos humanos, así como sindicatos de la salud y el sector privado, Redes de Abastecimiento Popular, y la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Call center; comisiones de DDHH de los Colegios de Antropólogos, de Enfermeras y de los colegios Profesionales; y la Coordinadora Sindical del Sector Privado. También suscribieron la Coordinación Nacional Familiares de la Memoria Niet@s y el Cabildo Reflexión, acción y formación Popular Quinta Normal y medios como De Frente y Werken Rojo.
Del extranjero destacan la Vía Campesina, Grain, América Latina Mejor sin TLC, CLATE (Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales); ATTAC (de Argentina, Francia, Países Bajos, Austria); TNI, ZAMMM (Austria), Acción Ecológica (Ecuador), Troca (Plataforma por un Comercio Internacional Justo, de Portugal), War on Want (Bretaña), Ecologistas en Acción (España).
En síntesis, señalamos que este Acuerdo profundiza el Cambio Climático, agudiza la dependencia económica, imita las políticas públicas, desplaza a PyMES locales en las compras públicas, atenta contra la soberanía digital, habilita demandas millonarias de multinacionales y garantiza la entrega del litio y el cobre con el pretexto de la electromovilidad europea.
Los parlamentos deberán aprobar o rechazar un acuerdo respecto del cual pueblos y congresos hemos estado desinformados. En el caso chileno, la información sobre el Acuerdo sólo proviene de la prensa vinculada a los grandes grupos de interés.
El acuerdo fomentará la exportación de bienes industriales y procesados de la UE a Chile. En Chile el aumento de exportaciones en los sectores agrícola y minero perpetuará los actuales patrones de desequilibrio comercial y dependencia. Se profundizará la crisis del agua y otros problemas de calidad de vida en los territorios en sacrificio, con más deterioro de los ecosistemas y la salud de las personas. El principio precautorio citado en el tratado, no aplica respecto de las normas sobre plaguicidas, manteniendo los dañinos impactos de los agrotóxicos importados en la salud de las mujeres y sectores vulnerables. Las disposiciones ambientales, laborales y de género no son vinculantes, ni lo es el anexo referido a Derechos Humanos.
El capítulo sobre prácticas regulatorias otorga a los inversores la posibilidad de interferir en la elaboración de las políticas públicas, ya que obliga a las autoridades reguladoras a que las partes interesadas participen en las decisiones sobre medidas que puedan interferir en su negocio. Si estas medidas no son del gusto de las empresas, podrían dar lugar a disputas arbitrales entre inversores y Estados, según el capítulo de protección de las inversiones del acuerdo. Pero las contrapartes de la UE no tienen posibilidad alguna de incidir en las políticas públicas de la UE.
La competencia desleal entre las pequeñas empresas o PYMES, y las empresas internacionales, tenderá a expulsar del mercado al competidor local al ampliarse la lista de sectores de negocios abiertos a inversores extranjeros.
Hay una vulneración de la soberanía ya que el capítulo sobre inversión aplica las mismas cláusulas conocidas en el sistema de ISDS, entre otras las de trato justo y equitativo y expropiación indirecta, ya en aplicación para los 18 acuerdos bilaterales de inversión Chile/UE pero ahora se extienden a otros 9 estados miembros.
Se establece un sistema de Tribunales de Inversión compuestos por árbitros que no son jueces sino abogados, bajo las mismas reglas ajenas a las leyes nacionales. Sólo los inversores pueden demandar, no así las comunidades afectadas por quedar sin agua o por la extinción de especies.
Finalmente, el capítulo sobre Energía que garantizan el acceso europeo a materias primas energéticas como el litio, al cobre, y a combustibles renovables como el llamado hidrógeno verde, contiene mecanismos que recortan la capacidad del Estado de decidir cómo regular sus bienes comunes naturales. Garantizado que Chile venda a la UE el litio al mismo precio que a un empresario nacional o a un país vecino, sin royalty ni restricción alguna a su acceso. Habrá carreteras y sistemas interconectados sin impuestos especiales ni compensaciones.
Necesitamos avanzar hacia una transición que saque el mercado y la mercantilización del centro de la política sobre cambio climático, priorizando por la vida, la producción sustentable y la justicia ambiental y climática.
