El pasado 13 de julio, dimos cuenta que la empresa salmonera Nova Austral tiene menos de tres semanas para negociar la propuesta de reorganización con sus acreedores, ello luego que el Juzgado de Porvenir fijara para el próximo 16 de agosto una junta donde deberá haber un pronunciamiento respecto del plan que se deberá negociar.
Fuente: La prensa austral , 17 de julio de 2023
Sin embargo, la compañía recibió en la última semana un “balde de agua fría”, tras ser sorprendida por una querella por el eventual delito de estafa por 300 millones de dólares, unos 240 mil millones de pesos chilenos.
La querella fue interpuesta el martes 11 de julio ante el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, por el abogado Carlos Cortés Guzmán, en representación de Fratelli Investments Limited, corporación extranjera, en su calidad de víctima.
La presentación legal está dirigida en contra de Yngve Myhre, presidente del directorio de Nova Austral; Halvor Meyer, director y socio de Bain Capital Private Equity, con domicilio en el Reino Unido; Tom Christian Jovik, director, con domicilio en Oslo, Noruega; Nicolás Nicolaides, ex gerente general de Nova Austral, y Sergio Montenegro, ex director financiero de la compañía; y en contra de todos aquellos que resulten penalmente responsables como autores, cómplices y encubridores del delito de estafa, y por cualquier otro delito que resulte acreditado durante la investigación.
Interés de inversionistas
Según se expone en el escrito, “los querellados -como directores y administradores de la compañía Nova Austral- deciden colocar un bono en el mercado de valores por US$300 millones en el año 2017, sabiendo que a lo menos desde el año 2016 la empresa incumplía severamente las normas medioambientales chilenas, tal como se acredita en causa iniciada por el Consejo de Defensa del Estado y posterior formalización, verificada respecto de la planta administrativa y gerencial ante el tribunal”.
Se agrega que “una vez captado el interés de los inversionistas, todos los cuales engañados por esta apariencia de encontrarse en presencia de una empresa con giros lícitos y prácticas de acuerdo al derecho, lograron hacerse de US$300 millones”.
Plantean que “una vez que se han captado dichos dineros, hacen desaparecer los principales activos que tenía la empresa emisora del bono, que eran los créditos que tenía la compañía contra su matriz. Debe tenerse presente que se autorizaba únicamente y exclusivamente cancelar deudas y distribuir dividendos, bajo ciertas condiciones, con los dineros recibidos del bono. No había autorización alguna para vaciar patrimonialmente la compañía”.
En definitiva, se argumenta en el libelo, que “sabiendo de la inviabilidad que tenía la compañía por las infracciones medioambientales en que incurrían, el flujo financiero que tendría a futuro no era más que una apariencia y, por otra parte, el patrimonio de la empresa lo ceden a los controladores. Por lo anterior, la empresa se queda sin flujos y sin activos. La colocación del bono no fue sino un ardid para captar dineros del público y quedarse con ellos sus controladores, eliminando las pérdidas que habían sufrido en el desarrollo de su negocio en Chile”.
Para dar sustento a lo anterior, se argumenta que el día 13 de abril de 2023, Nova Austral sincera que la proyección de cosecha disminuía en 17.000 toneladas el año 2023 y 8.000 toneladas en 2024. Todo ello muy distante de las 65.490 toneladas que se informaron al emitir el bono.
El viernes 14 de julio, la jueza suplente Mónica Mancilla, declaró admisible la querella y ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para la investigación de los hechos expuestos.
