- Abogados Juan Francisco Varela, Felipe Riesco y Francisco Rivadeneira representan a Lago Elizalde SpA y a la vez integran el estudio Barros Silva Varela Vigil Abogados, entidad ha operado como matriz legal de Chile Rural AG.
- El proyecto se superpone en casi 5 hectáreas con dicha área silvestre protegida, según consignó un informe de la Corporación Nacional Forestal.
- Superintendencia del Medio Ambiente incorporó estos antecedentes al procedimiento que busca establecer si se determina una causal de elusión de la legislación ambiental.
Mediante el ordinario 115/2022 del 19 de mayo de 2022 enviado a la seremi de Bienes Nacionales, la Corporación Nacional Forestal de Aysén (CONAF) confirmó que el proyecto «Fundo Lago Elizalde» de la inmobiliaria Lago Elizalde SpA se encuentra constituido parcialmente al interior del Parque Nacional Cerro Castillo. Esto, en atención a una denuncia en tal sentido realizada por Peter Hartmann Samhaber, director regional del Comité pro Defensa de la Fauna y Flora de Aysén.
Pasados casi dos años, recién el 1 de marzo pasado la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ingresó este antecedente a las denuncias que en paralelo se han realizado desde 2020 en contra de la parcelación de 79 lotes aledaña (y ya confirmadamente «dentro«) al sector norte del Parque Nacional Cerro Castillo. Una de ellas fue ingresada por Carolina y Nieves Cosmelli Pereira, cuya familia posee un predio vecino al mega loteo, quienes fueron representadas por el ex subsecretario de Obras Públicas y ex presidente del directorio del Metro de Santiago, Clemente Pérez Errázuriz. La otra, presentada por Erwin Sandoval Gallardo como presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA), Peter Hartmann Samhaber como presidente de la Agrupación Aysén Reserva de Vida y el periodista Patricio Segura Ortiz, también director de CODESA.
La sociedad Lago Elizalde SpA es representada legalmente por Tomás Prado Correa, presidente de Chile Rural AG hasta abril de 2023. Esta organización ha sido una de las impulsoras de la ofensiva en contra de las regulaciones que desde la sociedad civil y el Ministerio de Agricultura, entre otros organismos, se han intentado imponer a las mega parcelaciones en todo el país, pero principalmente en el sur de Chile.
Hasta esa fecha también fue secretario de Chile Rural Juan Francisco Varela Echaurren, colega de Prado en la representación de Lago Elizalde SpA. Otro actor es Felipe Riesco Eyzaguirre, ex subsecretario de Medio Ambiente del segundo gobierno de Sebastián Piñera y actual integrante del Consejo de Políticas Públicas del think tank UDI Libertad y Desarrollo, quien ha sido y a la vez asesor jurídico de Chile Rural.
Este grupo lo integra a su vez Francisco Rivadeneira Domínguez, gestor de intereses tanto de Chile Ruralcomo de Lago Elizalde SpA, a la cual también representa legalmente.
Varela, Riesco y Rivadeneira forman parte del estudio Barros Silva Varela Vigil Abogados, entidad que ha operado como la matriz legal de Chile Rural AG.
En el referido oficio de CONAF se consigna que «existe un traslape de 4,86 hás. del loteo ‘Fundo Lago Elizalde’ con el límite del Parque Nacional Cerro Castillo definido por el Ministerio de Bienes Nacionales«. Este análisis cartográfico «fue validado en la visita a terreno, confirmando la concordancia de los límites digitalizados del loteo con los cercos existentes de propietarios colindantes; y que en terreno se pudo constatar que existe un escarpe rocoso que coincide perfectamente con el límite definido para el Parque Nacional Cerro Castillo«.
Fue en enero de 2020 que se realizó una primera denuncia por parte de la familia Cosmelli, iniciándose en junio de 2021 un procedimiento para establecer si corresponde el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del citado proyecto. A este procedimiento se sumaron en abril de 2022 CODESA y la Agrupación Aysén Reserva de Vida, con apoyo de ONG FIMA, en el marco de la ofensiva regional de las organizaciones de la sociedad civil contra cerca de 60 mega loteos en Aysén.
La SMA tomó conocimiento del ordinario de CONAF recién en el último tiempo, luego de lo cual consideró que esta información es «relevante para una adecuada resolución del procedimiento de requerimiento de ingreso REQ-019-2021«, especialmente para el análisis de la tipología asociada a los proyectos o actividades «susceptibles de causar impacto ambiental» en áreas puestas bajo protección oficial. Por ello, incorporó este antecedente al expediente y trasladó tanto al titular como a los denunciantes la resolución para que presenten sus descargos.
El plazo para ello vence el martes 19 de marzo.
En la parcelación se han realizado diversos trabajos en terreno (incluso posterior a la denuncia y el requerimiento de ingreso de la autoridad ambiental), incluido el inicio de la construcción de un puente, caminos intraprediales y obras de remoción de tierra, según ha confirmado la propia SMA. Y ésta ha determinado que producto del loteo Fundo Lago Elizalde «existe un riesgo de afectación a la conservación y preservación del huemul (especie en peligro) del Parque Nacional Cerro Castillo, por el ataque de perros de los nuevos propietarios de estas 79 parcelas u otros perros que con el nuevo puente puede cruzar e ingresar al parque«, situación a la que se suma el traslape con los límites de esta área silvestre protegida.
Al respecto, Erwin Sandoval expresó que «resulta ineludible tener que hacer una mención, una vez más, a la falta de coordinación entre órganos públicos. Algo que en el presente caso se torna aún más dramático cuando, por un lado el Servicio Agrícola y Ganadero, y por otro la Corporación Nacional Forestal, son dependientes de un mismo ministerio«. Esto porque «no puede ser que proyectos de subdivisión como éste se aprueben por el SAG y que, años después, se advierta por otro órgano, CONAF que es dependiente del mismo ministerio, que ese proyecto presentaba superposición con un parque nacional«.
En su visión, «ha quedado en evidencia que las preocupaciones ciudadanas que venimos levantando hace años respecto de esta materia son reales y necesitan un abordaje. Un abordaje concreto y urgente«.
Peter Hartmann, en tanto, señaló que «este caso del loteo en el Parque Nacional Cerro Castillo es bastante insólito y demuestra, otra vez, cómo poderes fácticos que dominan este país se toman los parques nacionales, los bienes nacionales, las áreas protegidas tranquilamente y CONAF no se dio ni cuenta«. Apuntó que el organismo «sólo se dio cuenta cuando nosotros, dos años después de que la Superintendencia de Medio Ambiente levantara un informe, le preguntamos a CONAF y ahí aparecen ellos«.
Lo más preocupante, indicó, es que «llevamos ya cuatro años y todavía no pasa nada. Realmente la Superintendencia de Medio Ambiente se ha dado vuelta en círculos en este tema, ya que CONAF no sabía y tuvimos que intervenir también«.
Pero éste no es un caso aislado. «No es la única parte en que se toman las áreas protegidas, porque ya sabemos cómo funciona la cosa con los salmoneros y en otros proyectos, en otras partes del país«, concluyó.
Loteo «Isla Simpson»
En otra arista de la controversia por los mega loteos en suelo rural de Aysén, el 28 de febrero la SMA ofició a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, para que evacúe un informe sobre el loteo «Isla Simpson«. Esto, ya que «en virtud de los antecedentes recabados por esta Superintendencia, se determinó que se configuraría una hipótesis de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental» señala el oficio respectivo.
El proyecto, de 236 parcelas en la isla homónima, a cargo de las empresas «Inversiones e Inmobiliaria Terra Austral SpA» e «Inversiones Nuevas Cumbres SpA«, está «superpuesto al Bien Nacional Protegido ‘Isla Simpson y Huemules’, siendo susceptible de afectar su objeto de protección ambiental, esto es, el ciprés de las Guaitecas» ha consignado la SMA.
