Las autoridades políticas a cargo de Subpesca se encargaron de encubrir la devastación de las pesquerías en «fines científicos», con el fin de que los grupos económicos consiguieran el enriquecimiento aparentando estar cumpliendo con la ley. En estas movidas de corrupción en el sector pesquero estuvieron como Subsecretarios de Pesca de los gobiernos de la Concertación: Felipe Sandoval (gobierno de Ricardo Lagos), Jorge Chocair y Carlos Hernández (gobierno de Michelle Bachelet) y Pablo Galilea (gobierno de Sebastián Piñera).
Enriquecimiento al margen de la ley, no prescrito, compromete a los principales grupos económicos del sector pesquero, también conocidos como las 7 Familias. En las últimas dos décadas, en negocios de enriquecimiento al margen de la ley, los grupos económicos que controlan el sector pesquero son responsables de hacer desaparecer nada menos que el 70% de la Riqueza Pesquera del país, proceso en el que recibieron el apoyo de las autoridades a cargo de nuestras principales instituciones del sector pesquero (SUBPESCA, SERNAPESCA, IFOP), las que se encargaron de instrumentalizar al Estado para ampararla, a ojos vista de la Contraloría General de la República, la cual buscó la forma para cruzarse de brazos y desentenderse de su obligación de perseguir administrativamente a las autoridades que estaban siendo corresponsables de esta catástrofe ambiental y económica país.
EL ASALTO DE CHILE: El apoyo y amparo transversal de nuestra clase política fue decisivo para que lo anterior ocurriera en medio de la impunidad, así como para facilitar que el 30% que no alcanzó a ser devastada, terminara a favor de esos mismos grupos económicos a través de lo que se conoce como Ley Longueira, con gravísimas consecuencias económicas y sociales para todo el país, y en especial para las miles de familias de pescadores artesanales.
De otra manera no se explica el desfile de ex Subsecretarios de Pesca que, aunque eran destacados militantes de partidos políticos » de centro-izquierda «, de un día para el otro pasaron a ser parte de los grupos económicos en calidad de asesores o directores de los mismos. A lo que se agregan los 500 millones de pesos que habrían recibido los senadores de la Comisión Pesca del Senado de parte del Grupo Angellini – Corpesca, denunciados por el ex senador Nelson Ávila, los financiamientos a campañas políticas denunciados por CIPER, las platas del grupo Angellini a la Diputada Isasi denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción, etc., los que solo serían la punta del iceberg de los generosos financiamientos que entregaron a los anteriores los controladores de este modelo de corrupción, ya que de otra manera no se entiende que nuestra clase política, habiéndose enterado de estos ilícitos hasta en el propio Congreso, no denunciara los mismos ante el Ministerio Público y ante el Servicio de Impuestos Internos.
Los que se beneficiaron de estos negocios al margen de la ley caminan por las calles de nuestro país en la más absoluta impunidad, mientras en un país como Suecia lo anterior generaría una crisis de gobierno y de la coalición responsable de los mismos y seguramente ocuparía todos los titulares de la prensa, en tanto que la Justicia no titubearía un segundo en ir tras los responsables , ya que es lo que en definitiva diferencia a un país controlado por la corrupción del que no lo está.
La presente denuncia nos posibilitará tomar conciencia del verdadero alcance de la corrupción en nuestro país, un testimonio indesmentible que la Corrupción también tiene capturada instituciones que se nos intenta convencer que han estado al margen de ella, de allí que resulta del todo ingenuo hacerse eco de los discursos que nos llaman a esperar a que las instituciones funcionen.
LA CORRUPCION HA LLEGADO Y EL ROL DEL CONTRALOR.
Los grupos económicos que tienen el control monopólico del sector pesquero al momento de discutirse la ley Longueira estaban comprometidos en un hecho de corrupción gravísimo, el que fue intencionalmente manipulado y tergiversado por el entonces Ministro Longueira y las autoridades de la época, seguro que para no perjudicar los intereses que tenían comprometidos los primeros con la aprobación de la misma, pero que hoy vale rescatar teniendo en cuenta la disposición que tenemos la inmensa mayoría del país de exigir el combate a la corrupción, ya que son hechos que no están prescritos.
La responsabilidad de la Contraloría con la Ley Longueira. El 28 de junio del 2011 la Contraloría General de la República en su dictamen N° 40.152, sin que fuera esa su pretensión, volvió a dejar al desnudo el modelo de corrupción que habían utilizado los grupos económicos para enriquecerse al margen de la ley en las últimas dos décadas. Ya en el año 2004 la Contraloría en el dictamen N° 14.178, había dejado en claro que si las «pesca de investigación» fueran autorizadas con un fin distinto al establecido por la ley, debe considerarse » viciado el acto que la sanciona, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades administrativas que podrían generarse respectos de los funcionarios y autoridades involucradas «, a pesar de ello, por años siguió haciendo la vista gorda de las autorizaciones por miles de miles de toneladas de los Subsecretarios de Pesca de turno que servían como instrumento para devastar en forma demencial la Riqueza Pesquera país.
Aunque las mismas nunca tuvieron valor legal alguno, el silencio de la Contraloría sirvió a los grupos económicos como a las autoridades políticas a cargo del sector para hacer creer al país lo contrario, con el claro objetivo de enriquecerse en medio de la impunidad. Aunque «la ley de pesca establecía y establece que las pescas de investigación no tienen fines comerciales «, los grupos económicos sintieron que disponían de la complicidad de las instituciones para burlar la ley en medio de la impunidad. Se ampararon en pescas de investigación sin valor legal para lucrar con ellas, y de esta manera consiguieron un enriquecimiento al margen de la ley, por cientos de millones de dólares, el que hasta ahora se encuentra sin ser investigado por el Ministerio Público ni por el Servicio de Impuestos Internos.
CORRUPCIÓN Y AUTORIDADES POLÍTICAS A CARGO DEL SECTOR.
Las autoridades políticas a cargo de Subpesca se encargaron de encubrir la devastación de las pesquerías en «fines científicos», con el fin de que los grupos económicos consiguieran el enriquecimiento aparentando estar cumpliendo con la ley.
El encubrimiento que modelaron los Subsecretarios de Pesca de los gobiernos de la Concertación como Felipe Sandoval (gobierno de Ricardo Lagos), Jorge Chocair y Carlos Hernández (gobierno de Michelle Bachelet) y Pablo Galilea (gobierno de Sebastián Piñera), entre otros, a favor de los grupos económicos consistió en dar forma a un sistema que les permitía mantener capturadas las instituciones del sector – el rol asignado a las autoridades de Sernapesca, institución a cargo de fiscalizar el cumplimiento de la ley, fue cruzar de brazos a sus funcionarios para que estos hechos nunca llegaran a la justicia, como lo comprobó CIPER en el caso del Grupo Angellini no distinto al que favoreció al Grupo FIORDO AUSTRAL que tiene como uno de sus socios a Andrés Navarro, postulante a la Presidencia de SOFOFA, denunciado ante el Consejo de la Anticorrupción, y que se adjunta en PDF (VER ABAJO).
El año 2011 en la antesala de la discusión de la Ley Longueira, el Ministro Longueira y su Subsecretario de Pesca Pablo Galilea es de imaginar que enterados del alcance que podría tener el dictamen N° 40.152 de Contraloría del 28 de junio del 2011, si éste escalaba hasta la Justicia, al estar este último involucrado en esas ilegalidades, deciden no llevar esta denuncia al Ministerio Público y consiguen que Contraloría se sume a igual decisión y además que ésta no cumpla con su obligación de iniciar sumarios administrativos a los involucrados. Apoyado en lo anterior Longueira decide crear una cortina de humo y promueve que la solución es que se dicte una ley Miscelánea, según dice, para que la misma termine con este » subterfugio » de las pesca de investigación, utilizando éste término con el claro propósito de desviar la atención de la ciudadanía de la gravedad de la situación, ya que el dictamen de Contraloría y la ley no daban cabida por ninguna parte a la interpretación de que esto se tratara de un «subterfugio».
Durante la tramitación de la ley Miscelánea propuesta por Longueira, según se puede comprobar en la historia de la misma, un largo listado de diputados y senadores en forma transversal dan cuenta que están enterados de la burla a la ley por parte de los grupos económicos, y en una actitud que resulta incomprensible, NINGUNO de ellos toma la iniciativa de pedir que estos hechos sean denunciados al Ministerio Público ni al SII. La corrupción se vuelve más desvergonzada cuando consigue apoyarse en la impunidad institucional, lo que quedó en evidencia inmediatamente se promulgó la ley Miscelánea, ya que Pablo Galilea, en su calidad de Subsecretario de Pesca, se encargó de dejarla en ridículo, ya que la misma no le resultó un impedimento para otorgar iguales autorizaciones como las había hecho desde que asumió. Pablo Galilea – quien apenas dejó el puesto de Subsecretario de Pesca del gobierno de Píñera, fue ratificado por el Congreso como miembro del actual Consejo Nacional de Pesca – dejó al descubierto que la eliminación del o los » subterfugios» habían sido solo un show mediático de Longueira para impedir que estos hechos fueran denunciados a la justicia , ya que se podían seguir haciendo en medio de la impunidad igual que siempre y la Contraloría otra vez más decidía no darse por enterada.
Longueira con el respaldo de diputados y senadores proclamó que esta ley era un borrón y cuenta nueva, pero la verdad es que ello no es cierto, ya que la ley 20.560 no es una ley de amnistía y para suerte de los chilenos que buscan justicia y combatir la corrupción, gran parte de los delitos asociados a la misma, no están prescritos.
Pablo Fernando González, Empresario Pyme / miembro Comité Defensa Borde Costero
